El mandato de Gustavo Petro, el primer presidente progresista y de izquierda de la historia de Colombia, llega a su fin en 2026 con un balance desigual: mientras que sus reformas sociales han permitido a su partido mantener la competitividad en las elecciones presidenciales en curso, su promesa estrella de la paz total se ha quedado lejos de los resultados esperados, según analistas y balances oficiales.

El balance político de Petro es relevante no solo para Colombia, sino para toda la región iberoamericana, donde España mantiene estrechos vínculos de cooperación. La estabilidad de Colombia es un factor clave en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y la evolución de su proceso de paz ha sido seguida de cerca por Madrid.

Reformas sociales que marcaron el mandato

Petro impulsó durante sus cuatro años una serie de reformas orientadas a reducir la desigualdad, como la tributaria, la de salud y la del sistema de pensiones. Aunque muchas de ellas encontraron fuerte oposición en el Congreso y en sectores empresariales, lograron avances significativos en la ampliación de la cobertura social. Estos logros han sido capitalizados por su partido, que según encuestas recientes se mantiene competitivo en la carrera presidencial.

Sin embargo, la economía colombiana ha mostrado signos de desaceleración, con una inflación que rondó el 9,5 % interanual en 2025 y un crecimiento que no superó el 1,8 %, según datos del Banco de la República. La reducción de la pobreza, aunque significativa en términos absolutos, sigue siendo un desafío: la tasa de pobreza monetaria cayó al 32 % en 2025, frente al 39 % de 2022, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El fracaso de la ‘paz total’

La principal promesa de Petro, la paz total, que buscaba desarmar a todos los grupos armados ilegales mediante negociaciones y sometimientos a la justicia, no ha dado los frutos esperados. Los ceses al fuego con grupos como el ELN y algunas disidencias de las FARC se rompieron repetidamente, y la violencia en regiones como el Catatumbo y el Pacífico se ha intensificado. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de desplazados por el conflicto aumentó un 15 % en 2025 respecto al año anterior.

El balance de la ‘paz total’ es contradictorio. Mientras se desmovilizaron algunos grupos pequeños, las estructuras más grandes se fortalecieron y se expandieron a nuevas áreas, lo que ha generado una crisis humanitaria en varias regiones del país.

La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, ha instado al Gobierno colombiano a mantener el diálogo, pero también ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia. España, como actor clave en el proceso de paz desde los acuerdos de 2016, sigue de cerca la evolución de la seguridad en Colombia, donde empresas españolas tienen inversiones en sectores como la energía y las infraestructuras.

En el ámbito internacional, Petro ha tratado de posicionar a Colombia como un líder regional en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la Amazonía, logrando acuerdos con Brasil y Perú para la protección de la selva. Sin embargo, su retórica crítica con Estados Unidos y su acercamiento a gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela han generado tensiones diplomáticas que, según fuentes diplomáticas, han afectado la confianza de algunos inversores extranjeros.

Un legado dividido

A falta de unos meses para que concluya su mandato, el legado de Gustavo Petro se presenta dividido: por un lado, las reformas sociales que han transformado parcialmente el modelo de bienestar colombiano; por otro, la incapacidad de cumplir su principal promesa de campaña, la paz total. Con las elecciones presidenciales en marcha, su partido confía en que el capital político de sus logros sociales le permita mantenerse en el poder, mientras que la oposición ha centrado su campaña en la inseguridad y el estancamiento económico.

El resultado de estas elecciones no solo definirá el futuro de Colombia, sino que también tendrá repercusiones en las relaciones con España y la Unión Europea, especialmente en materia de cooperación para el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico.