Los primeros cien días del nuevo gobierno de Bangladesh han estado marcados por un esfuerzo sin precedentes de reconstrucción democrática, tras el colapso del régimen autocrático de la exprimera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024. El nuevo ejecutivo, surgido de un proceso de transición tutelado por el ejército, afronta el reto de restaurar instituciones, celebrar elecciones libres y reconciliar a una sociedad profundamente dividida.
Un legado autoritario y una transición abrupta
La caída de Hasina, que gobernó con mano de hierro durante más de una década, fue provocada por una ola de protestas masivas en las que murieron cientos de personas. El vacío de poder resultante llevó al ejército a asumir el control temporal y a facilitar un gobierno interino encargado de pilotar la transición. En estos cien días, la administración ha sentado las bases para un nuevo marco constitucional que limite el poder ejecutivo y garantice la independencia judicial.
El balance, según fuentes oficiales del gobierno de transición, incluye la aprobación de una ley de partidos políticos que prohíbe las formaciones de corte familiar, la creación de una comisión de la verdad para investigar abusos de la era Hasina, y el inicio del censo electoral con supervisión internacional. Sin embargo, la violencia política esporádica y las denuncias de injerencia militar empañan el proceso.
Desafíos económicos y de seguridad
Bangladesh, que había experimentado un notable crecimiento económico en la última década, sufre ahora las consecuencias de la inestabilidad política: la inversión extranjera se ha contraído un 15% y la inflación supera el 8%, según el Banco Central de Bangladesh. El nuevo gobierno ha tenido que negociar un rescate financiero con el FMI, que exige medidas de austeridad impopulares.
En el frente de seguridad, el Ejército mantiene un papel protagonista, con destacamentos desplegados en las principales ciudades para prevenir disturbios. Organizaciones de derechos humanos han alertado de detenciones arbitrarias de antiguos cargos del régimen, aunque el gobierno defiende que actúa dentro de la legalidad. La comunidad internacional observa con atención: tanto India como China, principales socios regionales, han mostrado su apoyo público a la transición, pero con reservas sobre el rumbo final del proceso.
La reconstrucción democrática de Bangladesh no es solo un asunto interno; su éxito o fracaso tendrá repercusiones en el equilibrio geopolítico del sur de Asia, especialmente en su relación con India y China, que compiten por influencia en Daca.
El portavoz del ministerio de Exteriores bangladesí ha declarado que el gobierno está comprometido con celebrar elecciones parlamentarias antes de finales de 2027, aunque no ha concretado fechas. Mientras tanto, la oposición y la sociedad civil exigen garantías de que los comicios serán libres y justos.
