El Gobierno de Chile ha reconocido que cientos de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que ingresaron al país en 2025 se encuentran en paradero desconocido. La revelación, hecha pública este sábado por fuentes oficiales, pone de manifiesto graves fallos en el sistema de protección infantil chileno y las deficiencias del programa de reunificación familiar con la comunidad haitiana.

Según la información proporcionada por las autoridades, los menores llegaron a Chile en vuelos charter desde Puerto Príncipe (Haití) en el marco de un programa destinado a reunir a las familias haitianas que ya residían en el país sudamericano. Sin embargo, al parecer, los adultos que acompañaban a los niños durante el trayecto nunca fueron sometidos a una verificación de su vínculo familiar por parte de las autoridades migratorias chilenas.

La falta de control ha permitido que, una vez en territorio chileno, los menores se hayan desvanecido del radar de los servicios sociales. Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia han calificado la situación de “alarma humanitaria” y exigen al Ejecutivo que active de inmediato los mecanismos de búsqueda y localización.

Una crisis migratoria que desborda al sistema de protección

El caso refleja las consecuencias de la masiva llegada de migrantes haitianos a Chile en los últimos años, impulsada por el deterioro de las condiciones políticas y económicas en Haití. Chile se ha convertido en uno de los principales destinos de esta diáspora, pero la capacidad de las instituciones para gestionar la integración y la protección de los menores no acompañados se ha visto superada.

El portavoz del Ministerio del Interior chileno confirmó que se ha abierto una investigación interna para determinar las responsabilidades y recopilar los datos de los menores desaparecidos. “Estamos trabajando con la Policía de Investigaciones (PDI) y los servicios sociales para tratar de localizar a estos niños y garantizar su bienestar”, declaró sin ofrecer plazos concretos.

La comunidad haitiana en Chile ha mostrado su “indignación y angustia” ante lo que considera una negligencia inadmisible. Líderes comunitarios han exigido explicaciones y medidas inmediatas, mientras que la oposición política ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso.

El caso ha puesto en el punto de mira el frágil sistema de acogida y protección de menores extranjeros en Chile, que ya había sido criticado anteriormente por organismos internacionales como UNICEF.