La legislatura de Carolina del Sur, con el respaldo del gobernador, ha aprobado este 21 de mayo de 2026 una ley de redes sociales que, bajo el pretexto de la protección infantil, establece un marco legal para la vigilancia de todos los usuarios en el estado. La medida, que entrará en vigor en los próximos meses, obliga a las plataformas a implementar sistemas de monitorización continua de la actividad de cualquier persona que acceda a sus servicios desde Carolina del Sur.

Según fuentes de la Cámara de Representantes estatal, la normativa exige a las empresas tecnológicas verificar la edad de cada usuario y reportar cualquier comunicación que pueda considerarse sospechosa, sin necesidad de orden judicial previa. Los críticos advierten que esto convierte a las plataformas en agentes de vigilancia gubernamental y sienta un precedente peligroso para la privacidad digital en Estados Unidos.

Una infraestructura de control disfrazada de protección

La ley fue presentada públicamente como una medida para salvaguardar a los menores de edad de depredadores sexuales y contenidos nocivos. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) denuncian que el texto legal no limita su alcance a los menores, sino que autoriza la vigilancia masiva de todos los usuarios del estado.

Se vende como protección infantil, pero construye el andamiaje legal para espiar a cada usuario, incluidos los adultos que no han cometido ningún delito. Es una ley de vigilancia masiva, no de seguridad infantil.

El gobernador, que rubricó la norma sin cambios, defendió que la iniciativa es necesaria para combatir la explotación sexual de menores en línea. «No podemos permitir que los delincuentes se escondan detrás del anonimato», declaró en la ceremonia de firma.

Reacciones y posibles desafíos legales

Grupos de defensa de la privacidad han anunciado que impugnarán la ley ante los tribunales por considerarla una violación de la Primera Enmienda y de las garantías constitucionales contra registros irrazonables. Expertos legales señalan que, aunque la intención declarada es loable, el texto es excesivamente amplio y podría ser invalidado si se demuestra que no está calibrado para proteger exclusivamente a los menores.

La ley de Carolina del Sur se suma a otras iniciativas similares en estados como Texas y Florida, que también han impulsado restricciones en redes sociales, aunque ninguna había llegado tan lejos en la vigilancia obligatoria de todos los usuarios. El debate sobre el equilibrio entre seguridad infantil y privacidad digital promete intensificarse en los próximos meses.