Un documento interno de 35 páginas, la mayor parte censurado, revela que el Gobierno de Canadá consideró la posibilidad de emprender acciones legales contra ciudadanos por publicaciones en redes sociales consideradas «falsas y engañosas». El memo, fechado en 2026 y publicado este martes, forma parte de los esfuerzos oficiales para combatir la desinformación en línea, pero la propuesta de demandar a particulares ha generado alarma entre defensores de la libertad de expresión.
Según el contenido visible del documento, difundido por el portal Reclaim The Net, la estrategia incluía litigar contra usuarios individuales que difundieran información que el Gobierno considerara falsa. «La parte que dejaron visible es la que debería preocuparle», señala la publicación, en referencia a los fragmentos no censurados del memo. Reclaim The Net, especializado en libertad de expresión, privacidad y derechos digitales, obtuvo el documento y lo ha puesto a disposición pública.
El Gobierno canadiense no ha confirmado oficialmente la existencia del memo ni ha detallado si la propuesta llegó a ser considerada formalmente. Sin embargo, la filtración aviva el debate global sobre los límites de la regulación de plataformas digitales y el equilibrio entre la lucha contra la desinformación y la protección de las libertades civiles. La mayor parte del documento permanece censurada, lo que impide conocer el alcance exacto de las medidas propuestas ni los mecanismos legales previstos.
Canadá ha sido uno de los países que más activamente ha impulsado legislación contra la desinformación, con proyectos de ley como el Online News Act o las propuestas del Online Harms Act. La revelación de este memo podría intensificar el escrutinio público sobre las políticas digitales del Gobierno de Justin Trudeau, que ha defendido la necesidad de regular los contenidos nocivos en internet.
La publicación del documento coincide con un momento de creciente tensión en Norteamérica en torno a la moderación de contenidos, la libertad de expresión en plataformas y el papel de los gobiernos en la fijación de límites a lo que se puede publicar. Organizaciones de derechos digitales ya han advertido de que demandar a ciudadanos por sus publicaciones podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión en el país.
