Bolivia vive una de las crisis sociales y políticas más graves de los últimos años. Las protestas y bloqueos de carreteras, impulsados por organizaciones campesinas, sectores sindicales y grupos afines al expresidente Evo Morales, se han extendido a seis de los nueve departamentos del país. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta serias dificultades para restablecer la circulación, contener el desabastecimiento y abrir canales de negociación efectivos, según han informado fuentes oficiales.
Fracaso del diálogo
Los intentos de mediación impulsados por el Ejecutivo y algunas organizaciones internacionales han fracasado hasta el momento. Las partes mantienen posturas divergentes en torno a las demandas de los manifestantes, que exigen medidas económicas y garantías políticas de cara a las elecciones generales previstas para 2027. La falta de avances ha exacerbado la tensión en las regiones más afectadas, como Cochabamba y La Paz, donde los bloqueos interrumpen el suministro de alimentos y combustible.
El 24 de mayo de 2026, las protestas se intensificaron, con informes de enfrentamientos aislados entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Gobierno ha advertido que no tolerará actos violentos y ha llamado al diálogo, pero las organizaciones sociales, alineadas con el ala más dura del evismo, condicionan cualquier negociación a la liberación de presos políticos y a la paralización de procesos judiciales contra dirigentes sindicales.
Impacto regional
La crisis boliviana tiene implicaciones para la estabilidad regional en Iberoamérica. España mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Bolivia, especialmente en sectores como el energético y el de infraestructuras. La embajada española en La Paz sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, según han indicado fuentes diplomáticas, y recomienda a los ciudadanos españoles evitar las zonas de protesta.
Organismos internacionales como la ONU y la OEA han expresado su preocupación y ofrecido mediación. No obstante, la polarización política interna y la falta de confianza entre las partes dificultan cualquier avance inmediato. Mientras tanto, el desabastecimiento y el miedo a una escalada violenta crecen entre la población boliviana, que ya sufrió una profunda crisis institucional entre 2019 y 2020.
