El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles una ley que elimina las restricciones para la participación de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles. La norma, aprobada el pasado 26 de mayo por la Cámara de Diputados, amplía la capacidad del Ejecutivo para declarar estados de excepción y desplegar tropas en manifestaciones, según informó el Gobierno boliviano en un comunicado oficial.

Un cambio en el marco legal

Hasta ahora, la intervención militar en protestas estaba limitada a situaciones extremas y requería una autorización expresa del Legislativo. La nueva ley suprime esa exigencia y permite al presidente ordenar el despliegue de las Fuerzas Armadas de forma más ágil, en lo que el Ejecutivo califica como una medida para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.

La medida ha generado un intenso debate en el país. Organizaciones de derechos humanos advierten de que la norma criminaliza la protesta social y abre la puerta a abusos por parte de los uniformados. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunció que la ley vulnera los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta.

Reacción de la oposición

Los partidos de la oposición en el Parlamento han anunciado que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional, al considerar que viola la autonomía de los gobiernos regionales en materia de seguridad interior. La Central Obrera Boliviana, principal sindicato del país, convocó para los próximos días una movilización nacional en rechazo a la ley, que consideran un retroceso democrático.

Estamos ante un golpe a la democracia. Esta ley no busca proteger a la ciudadanía, sino silenciar la protesta legítima bajo amenaza de intervención militar, señaló un portavoz de la organización.

El Gobierno boliviano defiende que la ley se enmarca en la lucha contra la violencia callejera y que las Fuerzas Armadas actuarán siempre bajo el principio de proporcionalidad. La promulgación de esta norma sitúa a Bolivia en el foco de la atención regional, en un momento de creciente tensión social en varios países latinoamericanos.