El Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García Carrillo, y le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el país. La medida responde a declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que el Ejecutivo boliviano considera una injerencia en sus asuntos internos.

Un gesto diplomático sin precedentes recientes

La decisión fue comunicada por la Cancillería boliviana, que no precisó los términos exactos de las declaraciones de Petro que motivaron la expulsión. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que los comentarios del mandatario colombiano fueron considerados «inaceptables» y «violatorios del principio de no intervención» consagrado en el derecho internacional.

La embajadora García Carrillo, que asumió el cargo en 2024, dispone de un plazo de 72 horas para abandonar Bolivia. La medida representa un escalón significativo en las tensiones diplomáticas entre ambos países, que hasta ahora mantenían relaciones dentro de los cauces habituales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El contexto regional

Bolivia y Colombia comparten una historia de cooperación diplomática, aunque con diferencias ideológicas. Mientras Arce encabeza un Gobierno de orientación marxista-leninista alineado con el llamado «Socialismo del siglo XXI», Petro lidera una coalición de izquierda moderada en Colombia. Las relaciones se habían mantenido estables, pero este incidente evidencia las fricciones en el espacio iberoamericano y el realineamiento de países del Sur Global.

El Gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento. La Cancillería boliviana evitó ofrecer más detalles sobre las declaraciones exactas de Petro que desencadenaron la crisis.

Colombia es un país hermano, pero no podemos tolerar injerencias de ningún tipo. Bolivia respeta la soberanía de los demás y exige el mismo respeto.

La medida supone un nuevo capítulo en las tensiones diplomáticas del continente, en un momento en que varios Gobiernos sudamericanos buscan redefinir sus alianzas regionales de cara a la próxima cumbre de la CELAC.