La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este miércoles una ley que suprime los controles y restricciones que el ordenamiento jurídico imponía al presidente Rodrigo Paz para decretar el estado de excepción, una medida que refuerza el poder ejecutivo en un contexto de creciente tensión política en el país andino.

La iniciativa, promovida por el partido oficialista, elimina requisitos como la necesidad de autorización previa del Legislativo o la limitación temporal de la medida. Asimismo, retira la prohibición expresa de que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de disturbios civiles durante la vigencia del estado de excepción, una cláusula que había sido introducida en la legislación anterior para evitar abusos.

El Ejecutivo defendió la reforma argumentando que los mecanismos vigentes «obstaculizaban la respuesta rápida ante emergencias» y que el nuevo marco legal «restituye al presidente las atribuciones constitucionales que nunca debieron ser recortadas». La oposición, por su parte, denunció que la derogación «concentra un poder sin precedentes en una sola persona» y advirtió de que «abre la puerta a la militarización de la protesta social».

Un giro en el equilibrio de poderes

La aprobación en la Cámara baja se produjo por mayoría simple, sin necesidad de los dos tercios que exigen otras materias constitucionales. El Senado, también de mayoría oficialista, previsiblemente ratificará la norma en los próximos días. El presidente Paz ha anticipado que promulgará la ley «de inmediato» tras la sanción legislativa.

La medida ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y en sectores de la sociedad civil, que consideran que elimina las salvaguardas básicas frente a posibles abusos en contextos de conflictividad social. Bolivia ha registrado en los últimos meses protestas en regiones como Santa Cruz y Cochabamba, donde las demandas de autonomía y recursos han escalado en tensión.

Fuentes del Ministerio de Defensa boliviano señalaron que la nueva ley no implica un cambio inmediato en la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas, pero reconocieron que «otorga mayor flexibilidad al comandante en jefe para decidir el momento y la forma de la intervención militar».

La comunidad internacional sigue con atención el proceso. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recordado que los estados de excepción deben ser «proporcionales, temporales y sujetos a control judicial y parlamentario».