El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha promulgado este 27 de mayo la Ley 1732, que deroga la normativa que establecía límites y condiciones para la declaración de estados de excepción en el país. La medida llega en un contexto de cuatro semanas de protestas, bloqueos de carreteras y creciente tensión social en varias regiones bolivianas, según confirmaron fuentes oficiales del Palacio Quemado.
La ley anulada exigía al Ejecutivo justificar previamente ante el Legislativo las causas y la duración de cualquier estado de excepción, así como someterse a un control parlamentario posterior. Con la derogación, el Gobierno de Paz recupera la facultad de decretar estas medidas de forma unilateral, sin necesidad de rendir cuentas inmediatas al Congreso.
Concentración de poder en el Ejecutivo
Analistas bolivianos consultados por medios locales consideran que la Ley 1732 supone un retroceso institucional al eliminar contrapesos democráticos en un momento de alta conflictividad social. Las protestas, impulsadas por sectores mineros y campesinos en regiones como Potosí y Cochabamba, han provocado cortes de suministros y desabastecimiento en zonas urbanas.
El Gobierno boliviano ha justificado la derogación argumentando que la normativa anterior paralizaba la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias de seguridad y orden público. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible uso del estado de excepción para reprimir movilizaciones sociales.
La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos, mientras la tensión en las calles no cede. La derogación de los límites al estado de excepción en Bolivia podría profundizar la inestabilidad política en la región, un escenario que España debe monitorear de cerca por sus implicaciones en el espacio iberoamericano.
