El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha recibido el respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional para resolver mediante la confrontación los más de 90 puntos de bloqueo que paralizan el país. El apoyo parlamentario incluye la autorización para movilizar a la Policía y las Fuerzas Armadas, además del uso de armas de fuego, según fuentes oficiales. Se espera que en las próximas horas el mandatario firme el decreto que formaliza la medida.

La decisión del Ejecutivo supone un giro en la estrategia gubernamental ante las protestas, que se han intensificado en las últimas semanas. Un experto consultado por la prensa local señaló que el Gobierno de Paz «ha decidido resolver por la vía de la confrontación» los bloqueos, ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos mediante el diálogo.

Crisis de gobernabilidad

La escalada de las protestas refleja una crisis de gobernabilidad en Bolivia. Los bloqueos, que afectan principalmente a las rutas comerciales y al abastecimiento de combustible en varias regiones, han sido promovidos por organizaciones sociales que exigen medidas económicas y políticas. La autorización para el uso de la fuerza ha sido interpretada por analistas como un síntoma de inestabilidad regional, en un contexto de tensiones previas entre el Ejecutivo y sectores opositores.

Según informó el Ministerio de Gobierno, los bloqueos se concentran en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se han registrado enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Gobierno, respaldó la medida con el argumento de garantizar el orden público y restablecer la libre circulación.

El Ejecutivo ha agotado todas las vías de diálogo, pero los sectores en conflicto no han mostrado voluntad de desbloquear las carreteras. Esta autorización es un recurso extremo para evitar el colapso de la economía nacional, declaró un portavoz de la Presidencia.

La comunidad internacional sigue con atención la evolución de la situación en Bolivia, donde la polarización política se ha agravado en los últimos meses. La oposición ha denunciado que el uso de la fuerza podría derivar en una escalada de violencia, mientras que el Gobierno defiende la medida como necesaria para restablecer el orden constitucional.