El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha promulgado la Ley 1740 de regulación de estados de excepción, una medida que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía a realizar operaciones conjuntas para intervenir bloqueos de carreteras y protestas sociales. La decisión llega después de 39 días de manifestaciones que comenzaron el 1 de mayo y que han perturbado la vida cotidiana y la economía del país andino.

Una respuesta contundente a las protestas

La nueva legislación, firmada el 8 de junio de 2026, otorga un marco jurídico para que las fuerzas de seguridad actúen de forma coordinada ante situaciones de emergencia. Según fuentes oficiales del Gobierno boliviano, la ley busca restablecer el orden público y garantizar el libre tránsito en las carreteras, que han sido escenario de cortes en diversos puntos del territorio nacional. Los bloqueos, organizados por colectivos sociales y sindicatos, han provocado desabastecimiento de combustible y alimentos en varias regiones.

La Ley 1740 permitirá a nuestras fuerzas de seguridad actuar con rapidez y eficacia para proteger a la ciudadanía y los bienes del Estado, dentro del marco constitucional.

La oposición política ha criticado la medida, advirtiendo que podría derivar en una militarización excesiva de la vida civil y en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el Ejecutivo defiende que la normativa es proporcional a la gravedad de la situación.

Un país fracturado por la crisis

Las protestas, que comenzaron el Día del Trabajador, han reunido a diversos sectores, desde mineros hasta agricultores, con demandas que van desde mejoras salariales hasta políticas de desarrollo regional. La duración inusual de las movilizaciones ha puesto a prueba la capacidad de gestión del Gobierno de Paz, en el poder desde 2025. Analistas bolivianos señalan que la promulgación de la ley supone un punto de inflexión en la crisis, aunque persisten dudas sobre su efectividad y sus implicaciones democráticas.

La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado al diálogo, mientras que organizaciones de derechos humanos han pedido moderación en el uso de la fuerza. La ley 1740 establece que las operaciones conjuntas deberán reportarse al Parlamento en un plazo de 48 horas, un mecanismo de control que, según el Gobierno, garantiza la transparencia.