El Senado de Bolivia ha aprobado este viernes una ley que regula la declaración y aplicación de los estados de excepción en el país, en medio de una crisis política desatada por protestas ciudadanas que ya acumulan 35 días. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, busca establecer un marco legal para las medidas de emergencia en un contexto de creciente tensión social.

Un proyecto para pacificar el país

La ley fue impulsada tras las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y que han paralizado parcialmente varias regiones. Según fuentes del Senado, la norma pretende dotar al Ejecutivo de herramientas jurídicas claras para restablecer el orden sin vulnerar derechos fundamentales. La oposición, no obstante, advierte de que podría utilizarse para reprimir las protestas legítimas.

Esta ley no es una carta blanca para la represión, sino un instrumento para garantizar la seguridad jurídica en situaciones excepcionales, declaró un portavoz del Senado.

Bolivia ha vivido semanas de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos esporádicos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los grupos opositores acusan al Gobierno de falta de diálogo y de no atender las demandas sociales, que incluyen también mejoras económicas y combate a la corrupción.

Un precedente en la región

La aprobación de esta ley se produce en un momento en que varios países latinoamericanos recurren a estados de excepción para hacer frente a crisis de seguridad o políticas. En el caso boliviano, la medida ha sido recibida con división de opiniones: mientras sectores oficialistas la ven como una vía para la pacificación, organizaciones de derechos humanos advierten de posibles abusos. El debate continuará en los próximos días en la Cámara Baja, donde se espera una discusión intensa.