El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en el estado mexicano de Oaxaca, Joel Ángel Bravo, fue asesinado en las últimas horas, según confirmaron fuentes oficiales. La víctima había solicitado previamente apoyo a las fuerzas federales ante agresiones en su contra, lo que apunta a un contexto de violencia política y criminal en la región sur de México.

Bravo, que gobernaba este municipio de unos 10.000 habitantes situado en la región de la Mixteca oaxaqueña, había presentado denuncias por amenazas y actos de intimidación en los meses anteriores a su muerte. El Ayuntamiento de San Miguel Amatitlán había elevado la petición de protección a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, sin que se hubieran adoptado medidas suficientes para evitar el ataque.

Un patrón de violencia contra alcaldes

El asesinato de ediles se ha convertido en una constante en México. Según datos de la Asociación Nacional de Alcaldes, al menos 58 presidentes municipales han sido asesinados desde 2018, la mayoría en estados con alta presencia del crimen organizado. Oaxaca, aunque no es el estado más violento del país, ha registrado varios episodios de violencia política, sobre todo en municipios rurales donde los cárteles disputan el control de territorios y rutas de tráfico.

El Gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Fiscalía General, ha abierto una carpeta de investigación y ha desplegado un operativo para localizar a los responsables. La Secretaría de Gobernación federal condenó los hechos y se comprometió a colaborar en las pesquisas.

Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida de quienes ejercen cargos de elección popular. No descansaremos hasta dar con los culpables de este crimen.

La votación municipal de San Miguel Amatitlán, donde Bravo fue elegido en 2024 bajo las siglas del partido Morena, se produce en un clima de creciente inseguridad en los comicios locales. Organizaciones civiles han denunciado que la falta de protección a los candidatos y ediles facilita la injerencia del crimen organizado en la política.

El caso de Joel Ángel Bravo ilustra la vulnerabilidad de los alcaldes mexicanos, especialmente en zonas apartadas donde las capacidades policiales son limitadas. La Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación, incluido el ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico o la venganza política.