El Gobierno argelino ha introducido una nueva regulación para las exportaciones fuera del sector de hidrocarburos, exigiendo a los intermediarios comerciales una autorización escrita del fabricante para poder vender sus productos al exterior. La medida, anunciada este lunes por el Ministerio de Comercio Exterior, pretende frenar las prácticas abusivas detectadas en este ámbito.

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de control estatal sobre los flujos comerciales, que ya había endurecido los requisitos para las importaciones en los últimos años. Ahora, los exportadores no hidrocarburíferos deberán presentar un acuerdo firmado por la empresa productora para cada operación, un trámite que hasta ahora no era obligatorio y que supone una carga administrativa adicional.

Un giro en la política comercial

Argelia lleva años aplicando restricciones a las importaciones para proteger su balanza comercial y fomentar la producción local. Sin embargo, la nueva exigencia sobre las exportaciones supone un cambio de dirección. El ministerio argumenta que la medida busca evitar la especulación y la reventa sin control de productos argelinos en los mercados internacionales, una práctica que, según fuentes oficiales, distorsiona los precios y perjudica la imagen de la industria nacional.

El ministerio ha detectado operaciones en las que intermediarios adquirían productos a bajo coste y los exportaban sin el consentimiento del fabricante, apropiándose de los beneficios sin generar valor añadido.

La regulación llega en un momento de tensión comercial con Marruecos, que compite con Argelia en mercados como el agrícola o el textil, y afecta también a las cadenas de suministro de empresas españolas que importan productos argelinos, especialmente en sectores como el gas o los fertilizantes. Aunque la medida no afecta directamente a los hidrocarburos —la principal exportación argelina—, sí impacta en bienes como los dátiles, el corcho o los derivados del petróleo.

Impacto en los exportadores

Las asociaciones de exportadores han mostrado su preocupación por la nueva burocracia. Consideran que la exigencia del acuerdo escrito puede ralentizar las operaciones y desincentivar la internacionalización de las pymes, que constituyen la mayoría del tejido productivo no petrolero. Algunos empresarios advierten de que el trámite podría utilizarse para filtrar qué empresas pueden exportar, otorgando un control discrecional al ministerio.

Por el momento, el Gobierno argelino no ha detallado las sanciones previstas para quienes incumplan la nueva norma, aunque fuentes del ministerio han confirmado que se reforzará la inspección en aduanas.