El Gobierno argelino ha dado un paso más en su ofensiva contra la disidencia al publicar el 9 de junio de 2026 el decreto de aplicación de la ley que permite la déchéance de nationalité (pérdida de la nacionalidad) para los opositores residentes en el exterior. La medida, que amplía el alcance represivo del régimen más allá de sus fronteras, ha sido recibida con alarma por organizaciones de derechos humanos y por sectores de la diáspora argelina en España y otros países europeos.

El decreto activa una comisión gubernamental encargada de decidir, caso por caso, la retirada de la nacionalidad a aquellos ciudadanos argelinos que, desde el extranjero, desarrollen actividades consideradas contrarias a los intereses del Estado. Según fuentes oficiales, la medida se dirige expresamente a «voces disonantes» y no contempla garantías legales suficientes, según denuncian sus detractores.

Una herramienta contra la diáspora

La comunidad argelina en el exterior, estimada en más de dos millones de personas, constituye uno de los principales focos de crítica al régimen del presidente Abdelmadjid Tebboune. Organizaciones como Amnistía Internacional consideran que la ley atenta contra el derecho a la nacionalidad y puede utilizarse para silenciar a periodistas, activistas y figuras políticas exiliadas.

El decreto no ofrece ninguna garantía procesal real. La comisión actúa con criterios opacos y sin posibilidad de recurso efectivo, lo que convierte la nacionalidad en un instrumento de castigo político.

La legislación, aprobada originalmente en 2025, ha sido criticada por la Unión Europea y por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. España, que acoge a una importante colonia argelina de más de 75.000 personas con doble nacionalidad, sigue de cerca la evolución de la norma.

Un socio incómodo

Argelia mantiene una relación compleja con la Unión Europea, de la que es un proveedor clave de gas natural, pero también un socio cada vez más cuestionado por su deriva autoritaria. Con esta nueva herramienta legal, el país magrebí extiende su control sobre su ciudadanía más allá de sus fronteras, en un movimiento que expertos consultados califican de «escalada autoritaria inédita» desde la guerra civil de los años 90.

El decreto ya ha sido recurrido ante la justicia argelina por varias asociaciones de defensa de los derechos humanos, aunque las posibilidades de que sea anulado son escasas, dado el control que el poder ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.