El abogado argelino Abderrazak Boudjelti, colegiado en París y especialista en derecho de extranjería, ha denunciado que las prefecturas francesas están vulnerando de forma sistemática el acuerdo bilateral de 1968 que regula la estancia de los ciudadanos argelinos en Francia. En una entrevista publicada este martes, el letrado ha señalado que la aplicación restrictiva del acuerdo por parte de las autoridades locales está generando un clima de inseguridad jurídica para la comunidad argelina y tensando las relaciones diplomáticas entre París y Argel.

El acuerdo franco-argelino de 1968 otorga a los argelinos un estatus migratorio preferente respecto al de otros nacionales extracomunitarios. Sin embargo, según Boudjelti, los prefectos están ignorando estas disposiciones, exigiendo requisitos adicionales no previstos en el texto o denegando renovaciones de permisos de residencia sin justificación legal suficiente. «El acuerdo de 1968 es pisoteado por los prefectos», ha afirmado el abogado, que fue miembro del Consejo del Colegio de Abogados de París.

Fricciones diplomáticas y discurso antagónico

La denuncia llega en un momento de especial sensibilidad en las relaciones bilaterales. El presunto incumplimiento del acuerdo de 1968 alimenta el discurso crítico de Argel contra Francia, que acusa a las autoridades francesas de aplicar una política migratoria discriminatoria. Boudjelti ha recordado casos concretos de ciudadanos a los que se les ha denegado la residencia pese a cumplir los requisitos del acuerdo, y ha instado al Gobierno francés a dar instrucciones claras a las prefecturas para que respeten la letra del convenio.

El abogado ha señalado que esta situación afecta a miles de argelinos que residen en Francia, aunque no ha precisado el número de denuncias acumuladas. La cuestión migratoria es uno de los ejes que condicionan el equilibrio magrebí, y las tensiones recurrentes entre París y Argel repercuten en la cooperación en seguridad y energía.

El acuerdo de 1968 es pisoteado por los prefectos, que imponen condiciones no previstas y bloquean la regularización de ciudadanos que cumplen los requisitos.

Boudjelti, exalumno de la École Nationale d’Administration (ENA), ha pedido una reunión con el Ministerio del Interior francés para abordar la situación. Por el momento, ni el Ministerio ni la Prefectura de Policía de París han emitido declaraciones sobre la denuncia. El caso evidencia la fragilidad de un acuerdo que, pese a llevar casi sesenta años en vigor, sigue siendo fuente de controversia y desencuentros entre ambos países.