Amazon ha abierto una investigación interna contra tres ingenieros de software que testificaron a principios de junio ante el Concejo Municipal de Seattle a favor de límites a los centros de datos. Los empleados presentaron una queja ante la oficina de derechos civiles de la ciudad acusando a la compañía de represalias ilegales por ejercer su libertad de expresión sobre un asunto de interés público.
Los ingenieros declararon el 3 de junio de 2026 en una audiencia pública sobre una propuesta para restringir la expansión de centros de datos en la ciudad. Al inicio de su intervención, invocaron una ordenanza municipal que protege a los empleados de represalias por su discurso político. Una semana después, el 10 de junio, la empresa les notificó que estaban siendo investigados por posibles violaciones de las políticas internas, según la denuncia presentada por los trabajadores.
La denuncia por represalias
Los trabajadores sostienen que Amazon está utilizando la investigación para disciplinarlos o despedirlos como castigo por haber expresado sus opiniones personales sobre los centros de datos, un tema que consideran de relevancia pública debido al consumo energético y el impacto urbanístico de estas instalaciones en Seattle. La oficina de derechos civiles de la ciudad ha confirmado la recepción de la queja y ha iniciado una investigación paralela.
Por su parte, Amazon ha defendido su postura argumentando que los empleados violaron políticas internas al hablar públicamente sin autorización y que la investigación es un procedimiento estándar. La compañía no ha hecho declaraciones oficiales sobre un posible despido.
Implicaciones para la regulación tecnológica
El caso pone de relieve la tensión entre la expansión de infraestructura crítica y los derechos laborales. Seattle, sede de Amazon, debate desde hace meses una normativa que limite el crecimiento de los centros de datos, que consumen enormes cantidades de electricidad y agua. Los ingenieros testificaron a favor de esa regulación, lo que choca con los intereses de la empresa, que ha solicitado exenciones fiscales y de zonificación para seguir construyendo.
La resolución de la queja podría sentar un precedente sobre hasta qué punto los empleados tecnológicos pueden opinar sobre políticas que afectan a sus empleadores sin sufrir consecuencias laborales. La oficina de derechos civiles de Seattle tiene competencia para imponer multas y órdenes de reintegro si determina que hubo represalias ilegales.
