El Ministerio del Interior alemán ha puesto en marcha este viernes el reformado sistema europeo de asilo (GEAS) con el objetivo de reducir el número de nuevos solicitantes en el país. La entrada en vigor de la nueva normativa, aprobada tras años de negociaciones, refuerza los controles fronterizos y acelera las deportaciones, en un contexto de presión migratoria creciente sobre los Estados miembros.

El titular de Interior, Horst Seehofer, señaló que el GEAS busca disuadir a quienes pretenden solicitar asilo sin fundamento, según fuentes del ministerio. La medida incluye la creación de centros de identificación en frontera y la armonización de criterios de concesión de protección internacional en toda la Unión Europea.

Implicaciones para España

Aunque la normativa es de aplicación directa, cada país debe adaptar sus procedimientos nacionales. España, que registró más de 160.000 solicitudes de asilo en 2025, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se verá afectada por el endurecimiento de los plazos y la posibilidad de retener a solicitantes en centros cerrados durante el proceso de admisión.

La reforma del GEAS fue impulsada por la Comisión Europea en 2020 y finalmente aprobada en 2024. Su objetivo central es aliviar la presión sobre los países de primera entrada, como Italia, Grecia y España, aunque la práctica totalidad de los Estados miembros deberán reforzar sus sistemas. «El nuevo marco jurídico permitirá una distribución más equitativa de las solicitudes y evitará los movimientos secundarios dentro de la UE», explicaron portavoces de la Comisión.

En Alemania, las solicitudes de asilo cayeron un 28% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior germano. Con la activación del GEAS, el Gobierno alemán espera consolidar esta tendencia a la baja. No obstante, organizaciones humanitarias han criticado las nuevas medidas por considerar que vulneran el derecho a la protección internacional.

La entrada en vigor del GEAS coincide con un aumento de las llegadas irregulares a las costas españolas, que en lo que va de 2026 han crecido un 15% interanual, según datos de Frontex. La presión marroquí sobre las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la ruta atlántica hacia Canarias, mantienen en vilo a las autoridades españolas, que ven en la reforma europea un instrumento para gestionar los flujos de forma coordinada.