Durante el mandato del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), varios líderes africanos habrían suscrito acuerdos con la administración estadounidense sin respetar los procedimientos constitucionales ni la opinión pública de sus países. La denuncia, recogida por medios africanos, señala que estos pactos se cerraron de forma opaca, al margen de los controles parlamentarios y judiciales nacionales.
Críticas a la falta de transparencia
La ausencia de transparencia en la negociación y firma de estos acuerdos ha generado críticas por parte de abogados y activistas africanos, que consideran que se ha debilitado el Estado de derecho en el continente. Según fuentes consultadas, los ejecutivos africanos actuaron sin el necesario escrutinio público, ignorando tanto las leyes internas como las recomendaciones de la sociedad civil.
Los críticos subrayan que estos pactos, cuyos detalles concretos no han sido revelados en su totalidad, pueden tener repercusiones en la gobernanza local y en las relaciones internacionales de los países firmantes. La opacidad de los acuerdos también podría afectar a los intereses de otros actores externos, incluyendo a países como España, que mantienen vínculos económicos y diplomáticos con diversas naciones africanas.
La respuesta de la justicia
Frente a esta situación, organizaciones de abogados y activistas han comenzado a recurrir a los tribunales para impugnar los acuerdos. La justicia africana, aunque con capacidades limitadas en algunos países, se ha convertido en el último recurso para tratar de frenar lo que consideran una vulneración de la legalidad constitucional. El resultado de estas acciones legales podría sentar precedentes sobre el control judicial de la política exterior en el continente.
