En el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, cerca de 3,6 millones de ciudadanos que residen en los territorios del país —Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes— carecen de representación con voto en el Congreso. Aunque contribuyen fiscalmente y son elegibles para el servicio militar, no cuentan con senadores y solo disponen de delegados sin capacidad de voto en la Cámara de Representantes.
Un estatus de segunda clase
La situación deriva del estatus legal de los territorios, que no forman parte de los 50 estados. La Constitución estadounidense otorga el derecho al voto en el Congreso únicamente a los ciudadanos de los estados. Los territorios están bajo la autoridad del Congreso, que legisla sobre ellos sin que sus habitantes puedan influir directamente en esas decisiones. Esta exclusión, según diversos analistas, contradice el principio básico de la democracia representativa.
Puerto Rico, con una población superior a los 3,2 millones de habitantes, es el caso más emblemático. La isla celebra referendos sobre su estatus político desde 1967, pero el Congreso no ha tomado una decisión vinculante. En 2020, una mayoría de puertorriqueños votó a favor de la estadidad, pero el proceso legislativo en Washington sigue paralizado.
El debate resurge en el aniversario
El 250 aniversario de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre la desigualdad política. Organizaciones de derechos civiles y algunos congresistas han señalado que mantener a millones de ciudadanos sin representación plena es una mancha en la democracia estadounidense. La administración de Joe Biden se ha mostrado favorable a resolver el estatus de Puerto Rico, pero sin plazos concretos, según fuentes oficiales citadas por la prensa local.
Mientras tanto, los residentes de los territorios continúan sin poder votar para presidente en las elecciones generales, aunque sí participan en las primarias de los partidos. La reforma requeriría una ley del Congreso o una enmienda constitucional, lo que la convierte en un reto político mayúsculo en un país polarizado.
