La compañía de pruebas genéticas 23andMe, que ahora opera bajo un nombre y propietario diferentes, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial de 46,8 millones de dólares (unos 43,1 millones de euros) para resolver una demanda colectiva derivada de la filtración de datos sensibles de sus clientes, según anunció la empresa el 15 de junio de 2026. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez federal de California, pone fin a un litigio que ponía de relieve los riesgos de privacidad asociados al almacenamiento de información genética.

Los riesgos de la genómica personal

La brecha de seguridad expuso datos de ADN de millones de usuarios, lo que desencadenó acciones legales y regulatorias. El pago acordado representa una de las mayores indemnizaciones en el sector de la genómica personal, aunque muy por debajo de los daños reclamados inicialmente, que superaban los 1.000 millones de dólares, según fuentes del caso.

El caso de 23andMe subraya la vulnerabilidad de los datos biométricos, que a diferencia de contraseñas o números de tarjeta, no pueden modificarse una vez comprometidos. Los términos del acuerdo incluyen, además de la compensación económica, el compromiso de implementar medidas de seguridad más estrictas, incluyendo cifrado de extremo a extremo y auditorías externas periódicas.

Los datos de ADN son el santo grial de la identidad digital: no hay botón de reinicio, declaró un portavoz de la Electronic Frontier Foundation (EFF), organización que ha seguido el caso de cerca.

Expertos en ciberseguridad consultados señalan que el caso sienta un precedente para otras empresas que manejan datos genéticos o sanitarios.