Cuando el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, se reunió –sin prensa– en noviembre pasado con 700 militares en el histórico Círculo Español de Santiago, se granjeó de inmediato el repudio de buena parte de Chile, en especial de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, que aún siguen clamando justicia por las aberraciones de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Si bien meses después el político-empresario logró imponerse en las urnas, alcanzando el sillón principal de La Moneda, no debe perderse de vista que menos de 100.000 votos lo separaron del candidato de la Concertación, por lo que, a simple vista, puede apreciarse que Chile se mantiene dividido entre la derecha y el centroizquierda.

En ese escenario, Piñera asumirá el mando de la nación el próximo 11 de marzo. Dos días antes se celebra en Chile el Día de la Mujer. La fecha servirá además para que la presidenta saliente, Michelle Bachelet, se despida con una gran manifestación masiva. Aprovechando esa ocasión, diversas organizaciones contrarias al nuevo gobierno se manifestarán en contra de la llegada de la derecha al poder. Estas mismas entidades, encabezadas por la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otras, adelantaron que saldrán a la calle también el día de la asunción, pues reclaman que el plan de gobierno de Piñera no reconoce los derechos de los trabajadores, por lo cual pretenden dejar en claro –desde el primer día– de qué manera jugarán los sindicatos en esta nueva cancha.

Todos estos episodios serán la antesala del 29 de marzo, un día con historia en Chile. En 1985, en plena dictadura, dos muchachos de 20 y 18 años murieron baleados en un confuso incidente con carabineros. Se trataba de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, asesinados cerca de la combativa y popular Villa Francia. Ambos militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y participaban activamente de actos en contra del régimen militar. En esa fatal jornada, los Vergara Toledo fueron ejecutados por agentes estatales, estando ya heridos y en poder de quienes los acribillaron. La fecha quedó grabada a sangre y fuego y pasó a llamarse “el Día del Joven Combatiente”, donde cada año se han producido diversas protestas, primero contra el régimen militar y luego contra los errores de la Concertación. Pues bien, si ya Piñera encarna la cara de la derecha (basta recordar a las viejas pitucas celebrando con bustos de Pinochet el día que ganó las elecciones) y representa al sector más neoliberal chileno (incluido el mundo empresarial, que se hizo rico en dictadura), la promesa que les hizo a los militares en plena campaña electoral de tratar de prescribir la acción penal contra todos los procesados por violaciones a los derechos humanos, trayendo, por consiguiente, la exculpación y el cierre de los juicios, no sólo causó alarma en las víctimas de violaciones sino que calentó el clima de una jornada que se supone poco tranquila, el menos en las calles.

El periodista Jorge Escalante, experto en derechos humanos, plantea que “más allá de que Piñera encarne a la derecha hay descontento, primero porque no representa a la mayoría de los chilenos, segundo, no hay seguridad de que siga con la línea trazada por la Concertación en temas sensibles; tercero, le debe muchos favores a la derecha extrema (la Unión Demócrata Independiente, UDI, partido ultraconservador) y cuarto, la cita con los militares pro Pinochet el año pasado encendió todas las alarmas”. Junto a ello, el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, afirmaron que el hecho de que Piñera prometiera trabajar desde el Ejecutivo para que los jueces apliquen la prescripción en estos procesos significa: impunidad.

El tema no será fácil de llevar para Piñera. Basta recordar que hace unas semanas, cuando Bachelet inauguró el Museo de la Memoria, lugar dedicado a los afectados por la dictadura, el escritor peruano y confeso admirador de Piñera, Mario Vargas Llosa –invitado de lujo para la ocasión–, se comió la abucheada de su vida. Sólo la actuación de la fuerza pública impidió que los chiflidos pasaran a más.

A esto debe adicionarse que el programa de campaña de Piñera indicaba que se abogará por la “verdad y la justicia”, pero al mismo tiempo “se avanzará en forma consensuada hacia una auténtica reconciliación”, aunque nunca explicó cómo se realizará. Respecto de la legislación internacional en materia de derechos humanos y su aplicación en Chile, señala que se avanzará en la adecuación de nuestras instituciones jurídicas, para lo que se hace necesario modificar el Código Penal “y ajustar nuestra legislación interna al derecho humanitario convencional”, sin especificar con qué fin. El programa agrega que “Chile debe insertarse plenamente a la comunidad internacional vinculada con los derechos humanos y con los organismos internacionales”, reconociendo que “Chile está inserto en la comunidad internacional y en una institucionalidad de derecho internacional que convencionalmente lo obliga”. Sin embargo, este planteamiento “internacionalista” del programa está en directa contradicción con la prescripción de los crímenes de lesa humanidad que Piñera prometió a los militares.

En cuanto a la implementación del Instituto de Derechos Humanos, organismo impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el programa señala que “implementaremos esta nueva institución para darle autonomía efectiva, independencia y eficacia en su acción”.

Todo lo anterior choca con unas de las últimas intervenciones de Bachelet como presidenta en estos temas: “Sólo con la verdad podremos seguir uniéndonos como comunidad, garantizando la convicción cívica indispensable en toda democracia que, finalmente, es lo que pone a recaudo los derechos de las personas”.

Los organismos civiles sostienen que “resulta falso que el desalojo forzoso y la política de reordenamiento territorial empren- didos en Montes Azules sean respetuosos de los derechos humanos; por el contrario, escudándose en ellos, el Estado mexicano promueve el despojo, la incertidumbre jurídica y afecta seriamente la posibilidad de las familias indígenas de forjarse un proyecto de vida digna”.

Recuerdan que el 26 de enero, autoridades ambientales –estatales y federales– “informaron que impulsan circuitos turísticos de la Ruta Maya que incluirán sitios certificados como turismo de naturaleza para una estrategia de desarrollo y conservación de la selva Lacandona”. Además, se dio a conocer que próximamente serán desalojas las comunidades Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, Poblado Laguna El Suspiro, Ojo de Agua el Progreso y San Jacinto Lacanjá.

El Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas demandan al gobierno indemnizar y reparar el daño ocasionado a las familias desplazadas, que “se abstenga de ejecutar nuevos desalojos y modifique su política de regularización en las regiones indígenas de Chiapas, particularmente Montes Azules, de manera que procure justicia e igualdad frente a derechos e intereses enfrentados entre comunidades y organizaciones, procurando en todo momento el apego a la normatividad internacional en materia de derechos humanos”.

Los días 21 y 22 de enero se realizaron dos operativos de expulsión en las comunidades Laguna El Suspiro y Laguna San Pedro (municipio oficial Ocosingo), esta última compuesta por bases de apoyo del EZLN. Fue una acción coordinada entre la policía especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de la República, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y representantes de dere- chos humanos del estado.
Según testimonios de las familias desplazadas de El Suspiro –el 21 de enero–, alrededor de las 11 horas llegaron entre tres y cinco helicópeteros, de los cuales bajaron 60 policías con uniformes de color negro o bien camuflajeados. “Los policías sacaron de su casa de manera violenta a María Cortés Pérez y Magdalena García Cortés, para después subirlas forzosamente al helicóptero y trasladarlas a Palenque”. El desalojo se realizó sin previo aviso, sin mostrar ningún documento oficial, sin ninguna explicación ni permitirles cargar pertenencia alguna. La mañana siguiente bajaron cuatro helicópteros en Laguna San Pedro. La comunidad fue rodeada por unos 250 policías, quienes arrastraron a los indígenas hasta un helicóptero.

En Palenque, las familias desplazadas fueron interrogadas por Marcos Minor Flores, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva, quien insitió en preguntarles “dónde tenían la tierrita con siembra de droga”. Al términar la diligencia, se obligó a los indígenas a firmar un documento sin conocer el contenido. “No se les proporcionó traductor ni abogado defensor”, añaden las ONG.

A su vez, organizaciones sociales de Ocosingo denunciaron en días pasados que también existen amenazas y persecución en Montes Azules contra las comunidades Nueva Galilea, Benito Juárez, Ojo de Agua La Pimienta y Chuncerro.

Periódico La Jornada

Durante los dos últimos años (2008-2009), el número de personas detenidas en los controles migratorios ejecutados en la provincia del Guayas registró un incremento. La situación es tal que la Policía de Migración detuvo, el año pasado, a 751 extranjeros por registrar irregularidades durante su permanencia en el país; cifra superior a las 472 aprehensiones realizadas en el período anterior.

Una de la principales causas de las detenciones fue por exceder el tiempo de estadía (90 días) permitido por las autoridades ecuatorianas. En esa situación se identificó -en 2009- a 353 personas que ingresaron con sus pasaportes en calidad de turistas.

Ese grupo de extranjeros debió pagar una multa de 200 dólares o cumplir con los siete días de detención establecidos en la ley, por estar en situación ilegal en el país.

Galo Pérez, jefe de Migración del Guayas, explicó que la ilegalidad de personas se incrementa porque vienen en calidad de turistas y se quedan trabajando. “Eso no está permitido porque los 90 días que se les otorga para visitar el país no pueden ser utilizados para una actividad lejana al turismo”.

En lo relacionado con los indocumentados extranjeros, las estadísticas de Migración revelan que 195 personas fueron detenidas el último año por estar en esa categoría.

A esas detenciones su suman las realizadas a los 109 foráneos identificados haciendo mal uso de las visas, es decir que las utilizaban para realizar actividades laborales, pese a estar prohibido.

El intendente del Guayas, Julio César Quiñónez, quien es la autoridad encargada de ordenar la deportación de los indocumentados, dijo que en el tema de migración se identifican diversas irregularidades, por lo que cada caso debe manejarse con celeridad.

Aclaró que son pocas las deportaciones que tienen que ver con la permanencia irregular de extranjeros, ya que existe un gran número de casos en los que se da la medida porque se los identifica en actos delictivos.

La mayoría de extranjeros aprehendidos en esa situación son colombianos, así lo afirmó Romeo Silva, director Nacional de Rehabilitación Social, al revelar que el principal delito cometido por los foráneos está vinculado con el narcotráfico.

Según las estadísticas de la entidad, más de 1.100 ciudadanos del vecino país fueron deportados a su patria, entre 2008 y mediados de 2009.

La falsificación de las visas es otra actividad ilegal identificada por las autoridades. No obstante, son pocos los casos registrados en 2009.

“Son menos de doce los detenidos por esta ilegalidad, detalló Pérez, quien aclaró que la adulteración de ese documento es motivada ante la negativa de las embajadas extranjeras de otorgar los permisos de ingreso a sus países. “Se conoce que las personas que intentan viajar por este método en el aeropuerto son -por lo general- víctimas de los falsificadores que ofrecen documentos pasándolos como legales”.

Otra de las irregularidades que registró un índice bajo de casos -en 2009- fue el tráfico de migrantes.

A criterio de Pérez, esto se considera así porque durante ese período fueron mínimos los casos vinculados a esa actividad ilegal.

Esto -sustentó el oficial- se debe al extenso control migratorio que se concentra específicamente en tres áreas: aeropuerto, puerto y zonas fronterizas.

La labor de la Jefatura de Migración también se enfoca en el retorno de compatriotas que son deportados de diferentes países.

El año pasado, el número de ecuatorianos en esta situación llegó a 1.500. Este grupo retornó en 23 vuelos procedentes -en su mayoría- de Estados Unidos.

Ese es el promedio normal de deportados nacionales que se registra cada año. “Es común tener ese numérico. Tanto es así que, en comparación con 2008, solo hay una diferencia de 20 personas extranjeras”, indicó Pérez.

Entregan equipos a Migración

La Dirección Nacional de Migración entregó a la Jefatura Provincial de Migración del Guayas equipos informáticos (computadoras), muebles de oficina y material publicitario. Esto con el fin de mejorar la labor que ofrece el personal especializado en materia migratoria a los usuarios nacionales y extranjeros.

El acto de entrega se cumplió la semana anterior en las instalaciones del cuartel Modelo de Policía, en Guayaquil.

El director nacional de Migración, Edwin Báez, quien presidió el evento, señaló que la medida se da en cumplimiento a las políticas institucionales que buscan ofrecer eficiencia y transparencia en el servicio otorgado a la ciudadanía.

El oficial reveló que parte de los equipos donados será instalada en el aeropuerto Internacional “José Joaquín de Olmedo”.

Báez agregó que la institución continuará entregando esa dotación al resto de jefaturas del país, con el fin de cubrir las necesidades existentes en las diferentes áreas de atención migratoria.

El Telegrafo.

China sigue siendo uno de los pocos países del mundo que prohíbe el libre movimiento de su población mediante su sistema de registro civil, el “hukou”, que la administración se plantea por primera vez reformar para legalizar la situación de sus casi 200 millones de emigrantes rurales en las ciudades.

El sistema fue introducido por Mao Zedong en la década de 1950 y ha impedido que la avalancha de inmigrantes a las ciudades fuera todavía superior, recuerda hoy la agencia de noticias Xinhua.

La noticia sobre el primer borrador sobre una reforma al respecto ha desatado un debate interno acerca de cómo reducir las diferencias entre la población urbana y la rural, ya que los emigrados a las urbes chinas son ciudadanos de segunda sin derecho a educación o servicios médicos, por ejemplo.

El documento fue redactado por el gobierno comunista, que promete mayores esfuerzos para integrar a estos obreros rurales en las ciudades y estudia reformar el sistema de “hukou”, que equipararía los derechos de los dos grupos poblacionales.

“Es la primera vez que la reforma del registro civil es el tema central y se plasma por escrito y de forma explícita en una directriz política”, señaló Zheng Fengtian, vicedecano del departamento de Desarrollo de la Universidad Renmin de China.

El registro civil chino divide a los ciudadanos en rurales y urbanos, y éstos pierden sus derechos al trasladarse a trabajar a otro lugar, lo que no ha sido óbice para que entre 150 y 200 millones, la mayoría de ellos nacidos en las décadas de 1980 y 1990, se hayan trasladado a las ciudades para sobrevivir.

Chen Xiwen, director del grupo encargado del proyecto, señala que el problema es que estos emigrantes no quieren regresar a sus pueblos, ya que carecen de conocimientos sobre agricultura, y tampoco se pueden instalar de forma definitiva en las ciudades por culpa del “hukou”.

Los expertos creen que es momento de cambiar el sistema, ya que las actuales condiciones de China son muy diferentes de las de hace sesenta años.

EFE

Chinchilla obtenía un 46,8 por ciento de los votos con el 64,7 por ciento de las mesas escrutadas, de acuerdo con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) costarricense tras una jornada electoral sin contratiempos.

Con estos resultados, la oficialista se consagró en la primera vuelta electoral al lograr más del 40 por ciento de los votos.

“Es un momento de alegría y de humildad (…), el pueblo me ha dado su confianza y no traicionaré esa confianza”, dijo la conservadora Chinchilla ante cientos de simpatizantes.

La oficialista, de 50 años, se convertirá en la primera presidenta de Costa Rica y seguirá los recientes pasos de otras dos mujeres líderes en Latinoamérica donde tradicionalmente los hombres han gobernado: la chilena Michelle Bachelet y la argentina Cristina Fernández.

Sus rivales reconocieron la derrota. El centroizquierdista Ottón Solís, que se ubicaba en segundo lugar con un 24,9 por ciento de los votos, prometió colaborar con Chinchilla.

“Quiero felicitar a Laura Chinchilla, que va ser la próxima presidenta”, dijo Solís.

A las felicitaciones se sumó el derechista Guevara, que obtenía el 21,1 por ciento de los votos. “En los próximos días nos sentaremos a conversar con la presidenta electa”, sostuvo.

Chinchilla, que era vicepresidenta de Arias antes de renunciar para contender en los comicios, trepó en las preferencias tras el paso sin grandes complicaciones del país por la crisis global.

La posibilidad de tener una presidenta atrajo tanto a mujeres como hombres. Seguidores de la candidata lucieron el domingo camisetas verdes y blancas con la palabra “Laura” y en su centro de campaña ondeaban banderas de eufóricos partidarios.

“La desigualdad cambiará con ella”, dijo Gretel Bonilla, madre de tres niñas que reveló haber votado por Chinchilla.

Continuidad de Arias

Chinchilla ha prometido darle continuidad a la política de Arias para impulsar acuerdos de libre comercio y atraer la inversión extranjera a la nación centroamericana.

Pero muchos en el país se oponen al tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA e impulsado por Arias, quien ganó el premio Nobel de la Paz durante su primera gestión de 1986 a 1990 por ayudar a poner fin a las guerras civiles en la región.

Cubierto por exuberantes selvas y volcanes, visitado por ecoturistas y surfistas y hogar de miles de jubilados estadounidenses y canadienses, Costa Rica presume de su estatus de ser una de la naciones más estables en América Latina y con más de 60 años de historia democrática.

Sin fuerzas militares, Costa Rica, que a diferencia de sus vecinos regionales ha evitado los conflictos armados, es renombrada como un oasis de estabilidad en la turbulenta e insegura Centroamérica, pero ha ido en aumento el uso de su territorio para el tráfico de drogas por parte de los cárteles.

Reuters

Dirigentes del FNRP afirmaron que el crimen contra Zepeda es otra muestra de que la represión continúa en ascenso contra los miembros de la resistencia.

Dos camarógrafos del canal Globo TV, Manuel de Jesús Murillo, de 24 años, y Ricardo Vásquez Vásquez, de 27, denunciaron hoy haber sido secuestrados y torturados por policías de civil.

Los dos jóvenes informaron ante organizaciones de derechos humanos que fueron capturados la noche del martes y duramente golpeados por los agentes, quienes les interrogaban sobre presuntos depósitos de armas.

Globo TV comenzó transmisiones recientemente y es parte de la empresa Radio Globo, emisora que desarrolló una activa oposición al golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado.

Bolpress

La información de la revista, que dedica su portada a La Iglesia católica y el sexo, se basa en encuestas a las que respondieron voluntariamente 24 de las 27 diócesis alemanas. Las tres que no lo hicieron Limburg, Ratisbona y Dresden-Meissen justificaron su negativa con la voluntad de “no alimentar más el debate”.

El caso del Colegio Canisius destapó abusos cometidos en otras escuelas jesuitas alemanas en las décadas de los setenta y ochenta. Uno de los ex sacerdotes sospechosos, Wolfgang Stadt, empezó a abusar de menores ya en 1966, cuando estudiaba en España con los jesuitas de Loiola (Guipúzcoa). Hasta ahora se han dirigido a la actual dirección del Canisius una treintena de ex alumnos que fueron víctimas.

“No generalizar”

El padre jesuita Hans Langendörfer, secretario de la Conferencia Episcopal Alemana, se confiesa “asustado” por las revelaciones de esta semana, que admite “muestran una cara oscura de la Iglesia”. Mientras los críticos de la Iglesia creen que los casos destapados entre los jesuitas son sólo la punta del iceberg, Langendörfer advierte contra la tentación de generalizar. “La especial confianza de la que disfruta un sacerdote puede ser utilizada por un criminal para hacer más fáciles los abusos, pero me niego a situar a todos los sacerdotes bajo sospecha”, señala.

Algunas de las víctimas del Canisius han contratado a los abogados berlineses Lukas Kawka y Manuella Groll, quienes anunciaron su intención de demandar al Vaticano y de preparar una querella conjunta contra la orden de los jesuitas en EEUU, en caso de que entre las víctimas hubiera algún ciudadano de ese país, donde conseguir indemnizaciones es más fácil que en Alemania.

Público

Pese a las críticas de varias naciones latinoamericanas y europeas frente al provecho político y militar que Estados Unidos (EEUU) parece estar sacando del terremoto ocurrido en Haití, el pasado 12 de enero, el director de la Fuerza Conjunta de Operaciones estadounidense en la isla, Gregory Kane, anunció este fin de semana que los 16 mil soldados enviados por el Pentágono a la isla “se quedarán el tiempo que sea necesario”.

Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y hasta Francia, aliado de Estados Unidos, han cuestionado el enorme despliegue militar de Washington y sostienen que la verdadera intención del Pentágono es establecer tropas de manera definitiva.

“Temo que Haití, de no haber un rechazo rápido por parte del Continente, se convierta en otra base norteamericana”, manifestó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, sobre el tema.

En este sentido, el presidente boliviano, Evo Morales, dijo que pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una reunión de emergencia para rechazar la ocupación militar estadounidense en Haití.

Asimismo, la misión médica francesa ha denunciado que la falta de logística en el terminal aéreo de Puerto Príncipe, controlado por Estados Unidos, ha provocado retrasos en la distribución de la ayuda.

El secretario de Estado de Cooperación francés, Alain Joyandet, señaló a principios de semana que la ONU debe tomar una decisión y precisar el papel de Estados Unidos en Haití.

“No se trata de ocupar el país sino de ayudarle a que recobre la vida. La ONU está trabajando para que se tome una decisión (…) Espero que las cosas sean bien precisadas sobre ese tema”, expresó.

El Gobierno de Barack Obama ya desplegó en Haití unos 16 mil militares, además de enviar buques de la Armada y la Guardia Costera, incluido un portaaviones, lo cual ha causado alarma en la población, debido a los dos intentos de invasión que Estados Unidos ya ejecutó contra la nación azotada.

ABN

“Chilevisión seguirá siendo una sociedad anónima, con el estatuto jurídico y características que tiene hoy y con la independencia que ha marcado su gestión. Lo nuevo es que su dueño será un ente sin fines de lucro”, dijo un colaborador cercano de Piñera a La Tercera.

A través de esa figura, Piñera dejaría el control de la televisora mientras ocupa la jefatura de Estado, aunque sin vender las acciones, según el diario.

El mandatario electo transferiría las acciones del canal -que compró en 2005 y que desde entonces mostró un repunte financiero y de sintonía- a la fundación Cultura y Sociedad, creada en enero para administrar el canal y otras propiedades.

Según los estatutos de la fundación, su directorio será designado por Piñera, lo que le permitiría mantener la influencia sobre el canal.

El viernes el presidente electo de Chile inició la venta de sus acciones de la aerolínea LAN, que corresponden al 26% del total, cumpliendo con un compromiso hecho en campaña para evitar conflictos de intereses.

AFP

El secretario del Interior, Alan Johnson, dijo que las medidas eran parte de una campaña más amplia contra los inmigrantes que solicitan una visa de estudio, a pesar de que planean trabajar.

Los mayores controles ayudarían a aliviar las preocupaciones sobre los militantes que entran en Gran Bretaña, aparentemente, para estudiar.

Analistas han advertido por años sobre la amenaza de militantes islámicos en las universidades británicas, incluyendo a extranjeros con visa de estudiantes.

Un funcionario de alto rango pakistaní acusó al Gobierno británico el año pasado de no cooperar en el escrutinio de los pakistaníes que entraban a estudiar en Gran Bretaña.

El tema resurgió el mesa pasado luego de que un hombre nigeriano acusado de intentar hacer explotar un avión de pasajeros en Estados Unidos trató de reingresar en Gran Bretaña en abril a estudiar en una universidad falsa.

El Gobierno británico dijo que los cambios a las normas ya se estaban estudiando antes del intento de ataque contra el avión y que eran parte de un plan más amplio para seguir más de cerca a los estudiantes extranjeros.

“Seremos duros con quienes violen las reglas”, dijo Johnson.

En una operación de contraterrorismo en abril, la policía arrestó a 12 personas, incluidos 11 pakistaníes. Casi todos poseían visa de estudiantes.

Johnson dijo que casi un tercio de los extranjeros intenta ingresar en Gran Bretaña con una visa de estudiante, y que el país es el segundo destino más popular para estudiar en el mundo.

Bajo las nuevas reglas, los solicitantes deberán hablar un mejor inglés y enfrentarán más restricciones para obtener trabajos temporales.

Gran Bretaña emitió 236.000 visas de estudiante en el 2008-09 y rechazó 110.000 solicitudes.

Reuters