Unesco: El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad

Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) concluyó que el sistema educativo chileno “fomenta la desigualdad”.

Según informó el organismo, el estudio fue desarrollado por Vernor Muñoz -ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, entre 2004 y 2010- e hizo una comparación de los marcos legislativos que rigen la educación en Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, con énfasis en el último a propósito de la movilización estudiantil que tuvo lugar a lo largo del año.

El relator realizó un análisis de los sistemas educativos a partir de sus principales ejes -disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad- incluyendo una revisión del marco conceptual del derecho a la educación, definido por tratados internacionales que Chile ha suscrito, subrayando las obligaciones generales y específicas del Estado relativas a la educación.

Muñoz -quien visitó Chile recientemente para completar y entregar el estudio- explicó que “si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina tiene más un sentido de protección y garantía; y en Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza”.

Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la debilidad de su legislación para hacer frente a la desigualdad. Aún cuando existen procesos de supervisión y control, “el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos”, explica el estudio.

Además, aunque la ley prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes, “no hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización”, agrega.

El estudio destaca además que el esquema de becas y subvenciones, que “caracteriza muy particularmente al sistema chileno (…) protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público”, radicando la mirada en “consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación”.

Cambio 21

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